Dándole vuelta a la hoja : aplicabilidad regional de políticas innovadoras para el control de cultivos de drogas en Los Andes

Abstract

Los principales países productores de hoja de coca son Colombia (de lejos, el mayor de ellos), seguido por el Perú y finalmente Bolivia, en un distante tercer lugar (UNODC, 2018a; 2019a, b). Tanto en el Perú como en Colombia, y tal como ocurría en Bolivia hasta el año 2004, el cultivo de hoja de coca se concentra en áreas rurales marginalizadas, caracterizadas por una presencia mínima de instituciones civiles del Estado, inseguridad respecto a la tenencia de la tierra, acceso limitado al crédito, débil infraestructura y altos índices de pobreza (Grimmelmann et al. 2017: 76). En la mayoría de estas zonas, el cultivo de la hoja de coca complementa la agricultura de subsistencia y es una de las pocas actividades económicas disponibles que generan ingresos en efectivo (Grisaffi y Ledebur, 2016: 9). Aunque el cultivo de la hoja de coca sea económicamente racional, los gestores de políticas sobre drogas a menudo desprecian el razonamiento de los agricultores que optan por este cultivo y “... consideran que los productores de cultivos empleados para producir drogas son simplemente delincuentes motivados por las ganancias” (Csete et al. 2016: 1,458). A lo largo del período de profundos cambios que atravesaron las políticas sobre cultivos de drogas empleados para producir drogas en Bolivia, su vecino Perú se mantuvo formalmente comprometido (tal como lo ha estado durante los últimos 40 años) con estrategias centradas en la erradicación de cultivos, las mismas que han sido diseñadas y, hasta el año 2011, financiadas por los EE. UU. Aunque el Perú ha tenido éxito en reducir el cultivo de la hoja de coca, especialmente en la región del Alto Huallaga en la selva peruana, la producción por hectárea se ha incrementado desde que el área de cultivo se trasladó al VRAEM (siglas que corresponden a la región formada por los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro)