Reglamento de la Ley INRA : análisis, evolución y normas vigentes

Abstract

El presente material, es una versión complementada y actualizada del documento "análisis comparativo de la propuesta de modificación del Reglamento de la Ley INRA”, publicado en una separata de “Artículo Primero” en junio de 1999. Respecto a aquel documento, el presente material, además de introducir precisiones importantes y actualizar sus contenidos, incorpora el análisis de las modificaciones que se efectuaron en el Reglamento de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (INRA) mediante el Decreto Supremo N° 25848 del 18 de julio de 2000. Como es propio de las leyes aprobadas en el último tiempo, la Ley INRA tiene el carácter de una Ley marco, o, en todo caso, de un instrumento normativo limitado a establecer preceptos fundamentales, cuya operativización queda remitida, en su regulación, al respectivo instrumento reglamentario. Es precisamente en el cumplimiento de esta función que radica la importancia del Reglamento de la Ley INRA, es decir, en brindar el procedimiento que permita la plena aplicación de la Ley, y es también esta la causa, en gran medida ineludible, de la extensión y complejidad que caracterizan a este instrumento. Ocurre que en nuestro país, desde hace bastante tiempo, se ha producido la captura corporativa de! poder público relacionado a la cuestión agraria, en sus diferentes ámbitos e instancias, por parte de los más poderosos grupos de interés en el sector, como son los grupos empresariales del oriente y el norte del país emparentados al poder político y vinculados al lucro parasitario que supone el uso especulativo de la tierra. Son los mismos grupos que, actuando desde el Consejo Nacional de Reforma Agraria, la antigua Judicatura Agraria o el Banco Agrícola en constante violación de la Ley, condujeron el proceso de la Reforma Agraria al colapso administrativo y al fracaso en beneficio propio, pues son ellos los directos beneficiarios de la alta, improductiva e ilegítima concentración de la tenencia de la tierra en la que devino aquel proceso contradiciendo sus originales objetivos fundamentales. Si para liquidar el proceso de la Reforma Agraria estos grupos de poder necesitaron más de tres décadas, 7 años de subordinación del INRA y el TAN al servicio de sus ¡legítimos intereses corporativos con el consiguiente pisoteo sistemático de la Ley INRA, están resultando suficientes para el inapelable fracaso del proceso agrario en curso, con un costo social probablemente mayor al acarreado por la frustración de la Reforma Agraria. Mientras la realidad sea ésta, y el Estado boliviano no sea capaz de la elemental institucionalidad de cumplir sus propias leyes cuando tengan alguna utilidad distinta de la represión a los sectores populares, cualquier marco legal servirá de muy poco, y no habrá que esperar en el tratamiento del problema agrario, otro escenario que la violencia, en el que, ciertamente, los marcos legales son irrelevantes. En todo caso, para quien mantenga la esperanza de buscar soluciones a este grave y profundo problema nacional por la vía pacífica de la Ley y la institucionalidad democrática, este material pretende ser un modesto aporte.